Asociaciones civiles, simples asociaciones, sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley Nº 19.550, fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado, deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género.

Artículo 1º: A partir de la entrada en vigencia de esta resolución las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley Nº 19.550, excepto las abarcadas por los inciso 1., 2. y 7., las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado (Ley Nº 20.705) deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos.

Artículo 2º: Lo previsto en el artículo precedente para todas las personas jurídicas allí referidas inscriptas ante esta Inspección General de Justicia de la Nación, deberá aplicarse para las designaciones de los miembros de los órganos de administración, y en caso de corresponder de fiscalización, electos en cada oportunidad de su designación con posterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución.

Artículo 3º: Los dictámenes de precalificación para la inscripción en el Registro Público de autoridades de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones comprendidas en el artículo 1º de la presente resolución, deberán incluir como un punto especial la composición por género de los órganos e indicar los porcentajes de la misma.

Artículo 4º: La Inspección General de Justicia podrá, a través del dictado de resoluciones fundadas y ante un pedido expreso al respecto, exceptuar de lo previsto en la presente, de forma total, parcial, transitoria o definitiva, a la persona jurídica que así lo requiera, fundado ello sólo en virtud de circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y objetivas, derivadas de sus antecedentes constitutivos y/o tipo de conformación y/o de la actividad social tendente a la consecución de su objeto.

Artículo 5º: En cualquier instrumento público o privado registrable ante la Inspección General de Justicia de la Nación, que por su naturaleza requiera incorporar datos obrantes en el documento nacional de identidad de personas humanas, se podrá utilizar a los efectos de identificar a la persona un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y el nombre de pila elegido por razones de identidad de género del interesado/a.

Artículo 6º: El informe del artículo 66 LGS deberá contener una descripción de la política de género aplicada en la relación al órgano de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado, en particular, los procedimientos para procurar en el órgano de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Artículo 7º: El DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES CIVILES examinará oportunamente los reglamentos internos de las asociaciones civiles relativos al uso de bienes sociales y acceso a servicios por parte de asociados y terceros vinculados a estos, a fin de evaluar su contenido en orden a la existencia o no en ellos de previsiones que admitan o posibiliten discriminaciones arbitrarias, de cualquier índole y/o limitaciones de los derechos a los beneficios contemplados en dichos reglamentos, por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga.

Artículo 8º: La Inspección General de Justicia pondrá en conocimiento del INADI y del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN los antecedentes que justifiquen su intervención, en caso de incumplimiento o reticencia en la implementación de medidas tendientes a alcanzar, respetar y mantener la paridad de género.

Artículo 9º: Esta resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 10: De forma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Boletín Oficial 05/08/2020)

Fundamentos de la Resolución General  Nº 34/2020 IGJ:

Ciudad de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2020

VISTOS:
Los artículos 37 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer suscripta por la República Argentina y ratificada mediante Ley Nº 23.179, las leyes Nº 27.412, Nº 26.485, Nº 27.499, Nº 19.550, Nº 22.315 -y su reglamentación por Decreto Nº Nº 1.493/82-, Nº 22.316 y Nº 26.994, las Resoluciones Generales Nº 797/19 de la Comisión Nacional de Valores y Nº 7/15 de esta Inspección General de Justicia; y

CONSIDERANDO:
Que el derecho a la igualdad; y el ejercicio de sus derechos en forma igualitaria y sin discriminación por género, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; ni por otras condiciones subjetivas, constituyen principios jurídicos universales, reafirmados en la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos en diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de Noviembre de 1969 y aprobada mediante Ley Nº 23.054 en 1984; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos firmados el 19 de Diciembre de 1966 y aprobados por la República Argentina por Ley Nº 23.313 del año 1986; y, realzados, por la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (conocida internacionalmente por sus siglas en inglés como CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina el 17 de Julio de 1980 y ratificada mediante Ley Nº 23.179 del año 1985
Que a todos esos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y varios otros, también sobre la misma materia, que no es necesario detallar aquí exhaustivamente, se les ha reconocido jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.
Que, asimismo, por el artículo 37 de la Constitución Nacional, se proclama la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios; y se establece que la misma se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Que por su parte en el artículo 75, inciso 23, de la Carta Magna, se prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de la niñez, las mujeres, personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
Que, en línea con la referida prescripción constitucional, fue sancionada en 1991 la Ley Nº 24.012, reglamentada por el Decreto Nº 1246/2000, que estableció un mínimo o "piso" de participación femenina en cargos electivos legislativos nacionales del 30%.
Que, como consecuencia de los avances en la materia, se sancionó en el año 2017 la Ley Nº 27.412, modificatoria del Código Nacional Electoral, con la que se produjo una salto cuantitativo y cualitativo que estableció la paridad de ambos géneros para las listas de cargos electivos y partidarios, incrementando la exigencia de la participación femenina del 30% al 50%, y extendiendo dicha cobertura a cargos en el Parlamento del Mercosur. Tal paridad ya había sido consagrada, con anterioridad al año 2017, en la legislación electoral de varios países hispanoamericanos (Ecuador y Costa Rica en 2009, Bolivia en 2010, Nicaragua, Honduras y Panamá en 2012, y México en 2014).
Que, a pesar de que el reconocimiento de la igualdad para el acceso a cargos electivos y partidarios, es un paso decisivo, resulta ser insuficiente y no se corresponde, por otra parte, con la extensión que de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) debe alcanzar la igualdad efectiva entre varones y mujeres ni con los ámbitos más amplios de la vida social en los que debe manifestarse y producir consecuencias.
Que, entre otras situaciones, la de violencia de género, precarización laboral de las mujeres y diferencias salariales y previsionales a ella ligadas, la presencia más bien reducida de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, son muestras de cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y varones, dista aún de completarse y precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Que nuestro país cuenta con una ley de Protección integral a las mujeres (Ley Nº 26.485) y también con la llamada "Ley Micaela" (Ley Nº 27.499), de capacitación en género y violencia contra las mujeres, la cual propone que todas/os las/os servidoras/es públicas/os conozcan la Constitución, en particular, lo que a través de las Convenciones Internacionales sobre los derechos de las mujeres y de la diversidad incorporadas a ella constituyen obligaciones estaduales de jerarquía iusfundamental. Para ello, y tal como lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no resulta suficiente transmitir el contenido normativo sino, esencialmente, proporcionar las herramientas que permitan visualizar las desigualdades estructurales de las mujeres, de modo de generar una práctica transformadora.
Que, en lo relacionado a las personas jurídicas de su incumbencia, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha trabajado con el fin de que los directorios de las sociedades que operan en el Mercado de Valores, incorporen un directorio que respete la diversidad de géneros. En este sentido, se aprobó el "Código de Gobierno Societario" de fecha 14 de Junio de 2019 que establece como principio que el directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.
Que, en particular, la Resolución General Nº 797/19 de la CNV indica que: "El directorio deberá activamente propiciar la conformación de un directorio diverso, teniendo en consideración la diversidad de género, origen geográfico, edad, perfil étnico y experiencia profesional … En cuanto a la diversidad de género, resulta de especial relevancia que la compañía no solo considere la composición del Directorio sino la equidad en la remuneración de sus miembros y también la posibilidad de que mujeres tengan acceso a puestos de liderazgo en el Directorio, tales como la Presidencia del órgano o algunos de sus comités. La transparencia y divulgación en materia de diversidad en el directorio es un elemento importante para los inversores y muestra la profesionalización del órgano...".
Que desde el ámbito de la Inspección General de Justicia se ha procurado y seguiremos procurando, a través de las llamadas medidas positivas, efectuar un aporte que contribuya a desmontar las desigualdades reinantes con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad real, mediante disposiciones que constituyan deberes a concretar y que tiendan a garantizar la diversidad de géneros e identidades, y la paridad efectiva entre mujeres y varones. Es que el logro del norte de esa igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los sujetos cuya actuación está enmarcada en el Derecho Público, sino también de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre particulares por parte de todos los poderes públicos.
Que, en tal sentido, esta Inspección General de Justicia, en ejercicio de sus facultades de autorización y control de funcionamiento de las entidades civiles, ya ha establecido en su día que no será admisible la inclusión, en los estatutos de las asociaciones civiles, de cláusulas que admitan discriminaciones arbitrarias, de cualquier índole, y además limiten los derechos a los beneficios que la entidad otorga por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga, habiéndose también estipulado que el funcionamiento de los órganos de las asociaciones civiles no podrá violar derechos adquiridos de los asociados ni producir efectos de discriminación de los mismos por razones como las mencionadas (artículo 361, inciso 3., y artículo 407, ambos de la Resolución General IGJ Nº 7/15 -"Normas de la Inspección General de Justicia"-).
Que, en referencia a las antes citadas normas reglamentarias (artículos 361, inciso 3., y 407, de la Resolución General IGJ Nº 7/15) que vedan situaciones de discriminación o indebida limitación de derechos en perjuicio de socias/os de las asociaciones civiles por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y análogas, esta Inspección General de Justicia cuenta con las atribuciones de fiscalización necesarias para controlar su debido cumplimiento, tanto a tenor de los textos estatutarios, cuanto de los reglamentos internos que tales entidades pueden darse.
Que, dable es recordar, que lo prescripto en los artículos 1º y 2º del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) imponen una aplicación normativa e interpretación derivada, desde la atalaya de nuestra Ley Fundamental, y, particularmente, teniendo en cuenta lo establecido en los Tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los que ya se ha considerado más arriba. En línea con esto, en el artículo 171 del CCyCN, aprobado por la Ley Nº 26.994, se establece que quienes integran la comisión directiva de las asociaciones civiles deben ser asociadas/os y su derecho a participar en dicho órgano no puede ser restringido abusivamente.
Que siendo que las leyes deben ser interpretadas con consideración a diversas pautas entre las cuales se cuentan las disposiciones que surgen de los Tratados de Derechos Humanos (artículo 2º, del CCyCN), la omisión de aplicar a la elección de quienes integren la comisión directiva de las entidades, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entrañaría una restricción antijurídica y abusiva pasible de ser prevenida y, en su caso, remediada en sede reglamentaria, lo que habilita la atribución en tal sentido de esta Inspección General de Justicia.
Que no media disposición legal infraconstitucional alguna en contrario de la cual resulte una diferente interpretación acerca de la paridad de género en determinadas entidades de bien público, como las asociaciones civiles y, en su caso, el Consejo de Administración de las fundaciones, toda vez que las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación deben ser aplicadas e interpretadas conforme a los Tratados sobre Derechos Humanos, tal como se ha indicado.
Que, sobre el trascedente tópico que se viene discurriendo y la actuación en tal sentido de los poderes públicos, la ya aludida Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recoge el principio de debida diligencia estatal, que resulta fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos, y, por ella, los Estados partes se han comprometido a seguir por todos los medios apropiados una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y a adoptar, en consecuencia, diversas medidas conducentes a ello, entre ellas -sin carácter taxativo- las destinadas a establecer por conducto de los tribunales y otras instituciones públicas la protección de la mujer contra todo acto de discriminación; las apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas y asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre; las necesarias para garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país; y, en definitiva, adoptar les disposiciones necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en otras esferas de la vida económica y social, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad, los mismos derechos entre ellas y los hombres (artículos 2º, 3º, 7º y 13, CEDAW).
Que, con formulación efectuada en su artículo 1º, la relacionada Convención (CEDAW) no efectúa distinción en orden a las esferas en las que debe verificarse ese pleno e igualitario goce de los derechos a que se refiere, por lo que la interpretación favorable a dar la mayor plenitud posible a los Derechos Humanos lleva a concluir que se encuentran implicadas en sus alcances las órbitas privadas y públicas como ámbitos de consagración efectiva de aquellos.
Que, desde su jerarquía "para-constitucional", tal Convención recoge como compromiso de los Estados utilizar todos los medios apropiados y prever también la intervención de instituciones públicas diversas de los tribunales de justicia con medidas adecuadas y necesarias al efecto de eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, y garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país y para eliminar la discriminación contra las mujeres en otras esferas de la vida económica y social y en todos los aspectos de la vida cultural.
Que esta Inspección General de Justicia tiene la atribución que le confiere el artículo 21, inciso b), de la Ley Nº 22.315.
Que, por lo considerado precedentemente, resulta entonces inexcusable concluir que esta Inspección General de Justicia cuenta con atribuciones reglamentarias para dar efectividad -largamente postergada, cuanto menos desde 1994, cuando adquirieron rango constitucional- a las prescripciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, las cuales no sólo tienen por sí mismas la apuntada jerarquía constitucional sino que, desde la perspectiva de equidad de género en que dicha Convención se enfoca, se integran, complementan y fijan los alcances de la garantía de asociarse con fines útiles en la dimensión dinámica que esta tiene, puesto que no se agota en el derecho de in origine constituir una asociación y redactar sus primeros estatutos, sino que comprende también ejercer los derechos que esos estatutos confieren (cfr. BIDART CAMPOS, Germán J., Derecho constitucional, Ediar, Bs. As., 1966, T. II, Nº 41, pág. 255).
Que, respecto al ejercicio de las facultades reglamentarias, es asimismo válido considerar que la doctrina constitucionalista ha caracterizado como operativas (o autosuficientes, o autoaplicativas) a aquellas normas de la Constitución Nacional que, por su naturaleza y formulación, ofrecen aplicabilidad y funcionamiento inmediatos y directos, sin necesidad de ser reglamentadas por otra norma.
Que, la mentada operatividad, no impide la reglamentación, sino que no la exige como imprescindible; y esa operatividad es propia de las normas constitucionales y las de los Tratados de Derechos Humano con jerarquía constitucional que otorgan derechos (Cfr., BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, ed. EDIAR, Bs. As., 3ª reimp., 2001, T. I, págs. 299, 300 y 491).
Que ello lleva inexorablemente a razonar que si un tribunal puede, sin intermediación legal o reglamentaria alguna, operativizar una cláusula constitucional que otorga derechos o garantías mediante una norma individual (sentencia) creada para un caso especial -como aconteció con el caso "Siri", resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1957 (Fallos 239:459)-, tanto más puede hacerlo en tono de alcance general un Organismo dotado de facultades de reglamentación interpretativas del ordenamiento jurídico considerado como totalidad, esto es abarcando el bloque de constitucionalidad y convencionalidad -en la especie la CEDAW- sito en la cúspide del mismo, a los fines de reglar las condiciones de integración de órganos de determinadas entidades sometidas a su autorización, registración y control.
Que, con foco en la eficacia de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pero atendiendo, también, a las demás normas transitadas precedentemente, en esta instancia, la regulación a efectuarse, propicia establecer pautas que otorguen a las entidades alcanzadas un grado de autorregulación que, sin perjuicio de ulterior análisis particular y a sus resultas, se juzga apropiado como forma remanente de un proceso de reflexión y toma de conciencia sobre una cuestión de la trascendencia que para la vida comunitaria reviste la real igualdad de género, la cual debe también reflejarse en aspectos de la misma como la asociación en personas jurídicas que pueden ser internalizadas por la esfera competencial propia de esta Inspección General de Justicia.
Que, por todo ello, en mérito a las prescripciones citadas en los considerandos de la presente, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por la República Argentina mediante Ley Nº 23.179, de la restante normativa citada en la presente y de lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 6º, 10, 11, inciso c) y 21, inciso b), de la Ley Nº 22.315, 1º, 2º y 5º del Decreto PEN Nº 1.493/82, y 39 y concordantes de la Resolución General IGJ Nº 7/15 ("Normas de la Inspección General de Justicia"), y normativa concordante e integradora relacionada en estos CONSIDERANDOS, en estricto uso del control de legalidad que le compete, el Inspector General de Justicia

RESUELVE: (ver texto de la Resolución General Nº 34/2020 IGJ arriba transcripto)

Asociaciones Civiles. Estatutos Tipo Inmodificable para Clubes de Barrio y Pueblo, Centros de Jubilados, Centros Culturales y Bibliotecas Populares.

Artículo 1º: Apruébase el Estatuto Tipo Inmodificable para Clubes de Barrio y Pueblo cuyo texto obra como Anexo 1 (IF-2020-49899893-APN-IGJ#MJ) de la presente.

Artículo 2º: Apruébase el Estatuto Tipo Inmodificable para Centros de Jubilados cuyo texto obra como Anexo 2 (IF-2020-49901949-APN-IGJ#MJ) de la presente.

Artículo 3º: Apruébase el Estatuto Tipo Inmodificable para Centros Culturales cuyo texto obra como Anexo 3 (IF-2020-49906774-APN-IGJ#MJ) de la presente.

Artículo 4º: Apruébase el Estatuto Tipo Inmodificable para Bibliotecas Populares cuyo texto obra como Anexo 4 (IF-2020-49909683-APN-IGJ#MJ) de la presente.

Artículo 5º: Instrúyase al Departamento de Sistemas a fin que coloque en la página web del organismo los Estatutos Tipo Inmodificables que por la presente se aprueban, con los aditamentos identitarios y de seguridad necesarios para garantizar su inmutabilidad; como asimismo la copia protocolar de los mismos.

Artículo 6º: Constatado por el Departamento de Personería Jurídica que el estatuto cuenta con los elementos de seguridad correspondientes, verificará el acta y demás requisitos formales y, en caso de hallarse cumplidos, dispondrá la elevación de las actuaciones para su autorización y posterior inscripción, quedando a salvo la posibilidad de realización de una previa visita de inspección de considerarlo necesario.

Artículo 7º: El Departamento Registral inscribirá el estatuto y acta constitutiva, expidiendo testimonio relacionando ambos instrumentos mediante firma y sello u otros elementos digitales que los sustituyan.

Artículo 8º: Los requirentes podrán optar por solicitar de forma simultánea al inicio del trámite de constitución, de conformidad a los artículos 1º, 2º, 3º o 4º de la presente resolución, el pedido de rubrica de los libros contables y sociales obligatorios enunciados en el artículo 382 de la Resolución General Nº 7/15, previo pago del timbrado de un formulario específico para este trámite.

En la oportunidad del retiro del instrumento constitutivo inscripto se procederá a rubricar los libros correspondientes.

Los mismos deberán acompañarse a tal efecto por la mesa de entradas del área Intervención y Rúbrica, por el representante legal o persona autorizada. Será requisito necesario acompañar la totalidad de los libros a rubricar, exhibir documento de identidad, el formulario timbrado correspondiente y el instrumento constitutivo inscripto.

Artículo 9º: Deléguese en las Direcciones y/o Jefaturas de Departamento en los términos del artículo 21, inciso d), de la Ley Nº 22.315, la emisión de las instrucciones necesarias para la interpretación de la presente norma y para cubrir aquellos aspectos procedimentales necesarios para su implementación.

Artículo 10: Apruébese el Anexo 5 (IF-2020-49911706-APN-IGJ#MJ) como parte de la presente resolución a los efectos de fijar los módulos correspondientes a los trámites previstos en el artículo 8º.

Artículo 11: De forma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Boletín Oficial 05/08/2020)

Anexo 1  -  Anexo 2  -  Anexo 3  -  Anexo 4  -  Anexo 5 

Ciudad de Buenos Aires, 31 de Julio de 2020

VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 169 y 174 del Código Civil y Comercial de la Nación y 10 inciso a) de la Ley Nº 22.315;

Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario optimizar el trámite de autorización para funcionar con carácter de persona jurídica y la ulterior inscripción, a determinados sujetos colectivos que lo ameritan, como asimismo facilitar la gestión de sus administradores en relación al trámite correspondiente y el control la constitución, por parte de este organismo.
Que esta Inspección General de Justicia, desde antiguo, ha implementado una opción alternativa a la confección del estatuto social por parte de los interesados, poniendo a disposición de los administrados el Estatuto Tipo para Asociaciones Civiles, que ha sufrido eventuales modificaciones para su modernización y actualización hasta el presente.
Que en un porcentaje notablemente mayoritario, los constituyentes de asociaciones civiles optan por la utilización del Estatuto Tipo que el organismo propone.
Que, sin embargo, la realidad ha demostrado que, en tanto existan artículos que deban ser completados por los interesados, se incurren en errores cuya subsanación implica necesariamente retrasos en el trámite de autorización.
Que tales yerros pueden evitarse implementando una tercera opción, a elección de los interesados, mediante la elaboración de estatuto tipos pétreos para entidades con objetivos determinados que ameritan esta facilitación, en los cuales para las partes que son propias exclusivas de cada entidad requirente -tales como denominación y fecha de constitución- se remite al acta de la asamblea constitutiva.
Que en dicha condición sólo quedará el artículo primero del estatuto social.
Que asimismo, la implementación de estatutos inmodificables, facilita el contralor del Departamento de Personería Jurídica, dinamizando sustancialmente el trámite. Para ello, resulta necesario que dichos estatutos sean bajados directamente de la página web del organismo, donde figurarán con los elementos de seguridad e identificación que generará el Departamento de Sistemas, como asimismo la correspondiente copia protocolar.
Que en la resolución de autorización para funcionar se consignará de forma expresa la fecha del acta de constitución a la que remite el estatuto, la que formará parte de la documentación a inscribir, como asimismo del testimonio que retirará la entidad, que relacionará ambos instrumentos -estatuto y acta- mediante un sello, firma u otra medida de seguridad que se determine.
Que la adopción de este Estatuto Tipo no modificable es compatible con el trámite previsto por las Resoluciones Generales Nº 1/2020 y Nº 7/2020 en cuanto sean adoptados por colectivos que se propongan las finalidades allí determinadas, como asimismo con el trámite ordinario.
Que la autorización en base a los Estatutos Tipo que por la presente se aprueban no impide futuras reformas de los mismos, en cuyo caso -en la primera modificación que se apruebe- deberá reformarse también el artículo primero del estatuto en el que se consignará la fecha de constitución y la denominación, independizando así el texto estatutario del acta constitutiva.
Por ello, y conforme lo dispuesto por los artículos 4º, 10 y 21 de la Ley Nº 22.315 y demás dispositivos citados en los considerandos que anteceden, el Inspector General de Justicia

RESUELVE: (ver texto de la Resolución General Nº 32/2020 IGJ arriba transcripto)

Establécese un tratamiento diferenciado en el trámite de constitución y un procedimiento optativo especial de intervención y rúbrica de libros para aquellas sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades anónimas unipersonales que presenten la solicitud de inscripción de su constitución bajo la modalidad de trámite urgente.

Artículo 1º: Establécese un tratamiento diferenciado en el trámite de constitución y un procedimiento optativo especial de intervención y rúbrica de libros para aquellas sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades anónimas unipersonales que presenten la solicitud de inscripción de su constitución bajo la modalidad de trámite urgente en los términos del artículo 52 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J. Nº 7/15 según lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 2º: La constitución de tales sociedades se inscribirán, en caso de no merecer observaciones, dentro de los 5 días hábiles administrativos contadas desde su presentación.

Artículo 3º: A los fines de poder entregar el CUIT junto con la certificación de inscripción, además de los requisitos para la presentación del trámite estipulados en la Resolución General IGJ Nº 7/15, deberá acompañarse la declaración jurada Formulario AFIP 185, establecida en la Resolución General conjunta Nº 5/07 (IGJ) y Nº 2.325/07 (AFIP), la que se completa a través del aplicativo correspondiente, al que se accederá desde el sitio "web" institucional de la AFIP, junto con la constancia de la presentación que genera dicho aplicativo, la cual contiene el número de transacción otorgado.

Artículo 4º: Para que un Formulario AFIP 185 sea admitido como válido, el campo denominación social no deberá incluir el aditamento correspondiente al tipo societario.

Artículo 5º: Los requirentes podrán optar por solicitar de forma simultánea al inicio del trámite de constitución el pedido de rubrica de los libros contables y societarios, previo pago del timbrado de un formulario específico para este trámite.

Para la Sociedad de Responsabilidad Limitada este Organismo emitirá las obleas de seguridad correspondientes a los siguientes libros comerciales y societarios: diario, inventario y balances, y actas de reuniones de gerentes y socios.

Para la Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Unipersonal este Organismo emitirá las obleas de seguridad correspondientes a los siguientes libros: diario, inventario y balances, y actas de reuniones de asambleas, actas de reuniones de directorio, Registro de Acciones/accionistas y Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas.

Las sociedades de Responsabilidad Limitada, Anónimas y Anónimas Unipersonales que lo requieran de forma expresa podrán asimismo solicitar, previo pago del timbrado de un formulario específico para este trámite adicional, la rúbrica de los libros subdiarios IVA Compras e IVA Ventas.

En la oportunidad del retiro del instrumento constitutivo inscripto se procederá a rubricar los libros correspondientes.

Los mismos deberán acompañarse a tal efecto por la mesa de entradas del área Intervención y Rúbrica, por el representante legal o persona autorizada. Será requisito necesario acompañar la totalidad de los libros a rubricar, exhibir documento de identidad, el formulario timbrado correspondiente y el instrumento constitutivo inscripto.

Artículo 6º: Sólo se aplicarán los términos del procedimiento especial establecido en la presente resolución, a los trámites de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas y Sociedades Anónimas Unipersonales que hayan ingresado con carácter de urgente a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Artículo 7º: La presente resolución entrará en vigencia a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial. La entrada vigencia de la presente resolución importará la derogación de las Resoluciones Generales I.G.J. Nº 5/17 y Nº 1/18.

Artículo 8º: Deléguese en las Direcciones y/o Jefaturas de Departamento en los términos del artículo 21, inciso d), de la Ley Nº 22.315, la emisión de las instrucciones necesarias para la interpretación de la presente norma y para cubrir aquellos aspectos procedimentales necesarios para su implementación.

Artículo 9º: Apruébese el anexo A (IF-2020-49885889-APN-IGJ#MJ) como parte de la presente resolución a los efectos de fijar los módulos correspondientes a los trámites previstos en el articulo 5º.

Artículo 10: De forma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Boletín Oficial 05/08/2020)

Fundamentos de la Resolución General  Nº 30/2020 IGJ:

RESUELVE: (ver texto de la Resolución General Nº 30/2020 IGJ arriba transcripto)